Conozco una productora de cine valenciana que desde hace años produce cuatro documentales al año, y luego pide la subvención de turno. Viven de eso. No me parecerí­a mal si no fuese porque esos documentales nunca llegan al público (se “estrenan” un dí­a, sin que se entere nadie, para poder cumplir el trámite y poder recibir la subvención). Para colmo, esos documentales se archivan y restringen bajo “copyright”.

Si se ha financiado con dinero público, y además no se está comerciando con ello (por lo que NO se puede incurrir en “lucro cesante”) -¿por qué no se libera esa obra con una licencia copyleft, se digitaliza, y se pone a disposición de la población, que ha pagado por ello con sus impuestos?

Este ha sido un tema recurrente en las jornadas copyleft de Málaga que acaban de terminar. La cantidad de casos, ejemplos, y testimonios que se han expuesto ha sido espeluznante. Aterrador.

Casos en los que las filmotecas “públicas” dejan arruinarse cintas (cultura que se pierde y desaparece por siempre jamás) antes de permitir que se digitalicen y se pongan a disposición del público, que pagó por ellas.

Casos en los que instituciones públicas (muy descarada y particularmente universidades públicas) editan libros con cargo al erario público, libros que luego no llegan a ser comercializados (o tan mí­nimamente que da pena), pero sí­ se restringen con copyright.

Casos en los que archivos históricos (como de la Guerra Civil) prohiben emplear su material para hacer una obra de documentación, independientemente de si se va a comercializar o no (ya me dirán que pierde el museo con la difusión de sus fondos: nada, pues de hecho la misión de los museos, sobretodo los públicos, es difundir la obra que atesoran, -¿no?).

Casos en los que investigaciones de universidades públicas (que pagamos todos de nuestro bolsillo) ven sus resultados patentados a nombre de uno de los investigadores o a nombre de una empresa privada, privando así­ a la población, que ha pagado por esa investigación, de los frutos de la misma.

Señores de la Administración Pública: NO permitan que la cultura y la ciencia que es pública se restrinja, se limite, y se privatice si ninguna necesidad, y con claros perjuicios para la población.

Conozco una productora de cine valenciana que desde hace años produce cuatro documentales al año, y luego pide la subvención de turno. Viven de eso. No me parecería mal si no fuese porque esos documentales nunca llegan al público (se “estrenan” un dí­a, sin que se entere nadie, para poder cumplir el trámite y poder recibir la subvención). Para colmo, esos documentales se archivan y restringen bajo “copyright”.

Si se ha financiado con dinero público, y además no se está comerciando con ello (por lo que NO se puede incurrir en “lucro cesante”) -¿por qué no se libera esa obra con una licencia copyleft, se digitaliza, y se pone a disposición de la población, que ha pagado por ello con sus impuestos?

Este ha sido un tema recurrente en las jornadas copyleft de Málaga que acaban de terminar. La cantidad de casos, ejemplos, y testimonios que se han expuesto ha sido espeluznante. Aterrador.

Casos en los que las filmotecas “públicas” dejan arruinarse cintas (cultura que se pierde y desaparece por siempre jamás) antes de permitir que se digitalicen y se pongan a disposición del público, que pagó por ellas.

Casos en los que instituciones públicas (muy descarada y particularmente universidades públicas) editan libros con cargo al erario público, libros que luego no llegan a ser comercializados (o tan mínimamente que da pena), pero sí­ se restringen con copyright.

Casos en los que archivos históricos (como de la Guerra Civil) prohiben emplear su material para hacer una obra de documentación, independientemente de si se va a comercializar o no (ya me dirán que pierde el museo con la difusión de sus fondos: nada, pues de hecho la misión de los museos, sobretodo los públicos, es difundir la obra que atesoran, -¿no?).

Casos en los que investigaciones de universidades públicas (que pagamos todos de nuestro bolsillo) ven sus resultados patentados a nombre de uno de los investigadores o a nombre de una empresa privada, privando así­ a la población, que ha pagado por esa investigación, de los frutos de la misma.

Señores de la Administración Pública: NO permitan que la cultura y la ciencia que es pública se restrinja, se limite, y se privatice si ninguna necesidad, y con claros perjuicios para la población.