Dice el diccionario de la RAE:

extorsión.

(Del lat. extorsĭo, -ōnis).

  1. f. Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho.

  2. f. Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido.

(Por cierto, también dice: Real Academia Española -© Todos los derechos reservados -sin comentarios-).

La SGAE (así­ como sus otras 7 hermanas Suciedades de Gestión) emplean la amenaza para obtener dinero. Se supone que la ley se lo permite, pues el dinero que suelen solicitar es el que la LPI les permite administrar de modo monopolí­stico y sin escrutinio público (ya sea canon por soporte virgen o aparato de reproducción, royalties de explotación, ejecución, distribución, etc). Pero múltiples sentencias demuestran que no siempre es así­, y en repetidas ocasiones (demasiadas como para ser “errores” o “malas interpretaciones”) han exigido el pago por la representación de obras que no se encontraban en su repertorio, o por hacerlo en lugares o eventos a los que no les corresponde cobrar.

La constante amenaza que emplean, y que va mucho más allá de la demanda judicial: la prohibición de la celebración de un acto.

Decenas de veces me han escrito emails propietarios de salas, organizadores de eventos, promotores de conciertos, concejales de fiestas, etc, comentándome que el “cobrador del frac” de zona de la SGAE ha pasado exigiéndoles un pago (que en muchas ocasiones ni le correspondí­a) y ha amenazado con ir el dí­a del evento con la Guardia Civil y evitar que se celebre el concierto / obra de teatro / baile, etc.

Esta gente no quiere promocionar la cultura: pone sus intereses económicos por encima de ello (y digo bien “SUS” no “los de sus asociados” pues en ocasiones han acudido a cobrar a conciertos benéficos donde el autor e intérprete que actuaba en el concierto de modo altruista no querí­a que se cobrara ningún royalty en su nombre, y sin embargo la SGAE procedió a su cobro de todos modos), contradiciendo así­ a la Constitución Española, y a los designios del Presidente del Gobierno, quien en su discurso de investidura dejó muy claro que la cultura no debe ser mercantilizada, y que lucharí­a para asegurar el acceso a la misma.

Además no se limitan a actuar con la ley en la mano, exigiendo una compensación una vez cometida la presunta “infracción”, o llevando el tema a los tribunales. Son de los que disparan primero y preguntan después. Cobran por adelantado (cuando la mismí­sima Administración Pública paga a sus proveedores meses después de haber recibido el bien o servicio contratado). Y la presunción de inocencia se la pasan por el forro (hasta una muy reciente y lógica sentencia -¡la carga de la prueba recaí­a en el acusado! cuando TODO sistema jurí­dico de un paí­s avanzado que se precie dice lo contrario: es la acusación la que debe demostrar la culpabilidad). Pero como decí­a, lo peor es la amenaza: paralización (sin orden judicial) de un evento legal y cultural.

Esto, si no me equivoco, es lo que definirí­a el diccionario de la RAE como Extorsión.

Esto, si no me equivoco, es lo que hace la SGAE (y sus siete hermanas). Y no soy el único que piensa así­. El otro dí­a me enviaron este post. Cada vez somos más los que lo tenemos claro (algunos desde hace mucho tiempo).

Y aun hay más. Y más.