Dos son las extendidas prácticas en el ámbito de la circulación vial que atentan contra la legislación vigente y sin embargo son permitidas e incluso fomentadas por las autoridades competentes. ¿Constituyen un delito de prevaricación?:

– El aparcamiento de vehículos en la acera, en carriles de circulación, y demás lugares habitualmente prohibidos, es tolerado por la policía SIEMPRE que juega el Valencia Club de Fútbol en el estadio de Valencia. Sin embargo esto está absolutamente prohibido, y si yo (o cualquier otro ciudadano) lo hace un día que no haya partido, sufrirá la sanción correspondiente. El caso es extensible a otros eventos como Fallas.

La incapacidad del Ayuntamiento o de cualquier organización (sea deportiva, lúdica, etc) para aportar soluciones al estacionamiento de vehículos en las inmediaciones de cualquier tipo de evento no es óbice para que se mantenga y respete la legislación vigente.

– Los ciudadanos valencianos hemos asistido sorprendidos pero sorprendentemente impasibles, a la “toma” por parte del Ayuntamiento (y demás corporaciones públicas) de los espacios de aparcamiento anteriormente disponibles para todos los ciudadanos. Esto es especialmente patente, aunque no exclusivo, en el centro de la ciudad (como la Plaza del Ayuntamiento).

[PD: El sábado por la tarde aparqué en un espacio reservado para la Sindicatura de Cuentas, pero antes de alejarme de mi vehículo, le pregunté a un policía municipal que pasaba por allí que si podía aparcarlo, dado que era sábado a las 20:00h, y que seguro que nadie de la Sindicatura de Cuentas trabajaba a esas horas, y me respondió “tiene usted razón, pero la norma dice que no puede aparcar ahí, y aunque yo no le voy a multar, a mi jefe no le gusta que aparquen en espacios reservados para el gobierno, y él sí puede multarle, por absurdo que resulte”].

¿Acaso un cajero de banco, taquillera del cine, o turista no tienen el mismo derecho a una plaza de aparcamiento que un funcionario público?

Pequeños abusos, grandes perjuicios, pues no sólo constituyen un aumento del gasto (energía, combustible, tiempo, etc) de los ciudadanos, sino que además establece un peligrosísimo precedente que parece apoyar la tesis muy extendida por otra parte, de que los políticos y funcionarios tienen “derechos especiales” que les sitúan más allá de la legalidad vigente.