Habrá que analizarlo con más calma. Habrá que leerse el texto final aprobado. Y sobretodo habrá que hacer algo, porque así­ no podemos seguir.

Oir a una diputada (Beatriz Rodrí­guez-Salmones, PP) decir que “todas las partes se han sentido escuchadas” es una auténtica burla a los ciudadanos, a quienes más perjudica esta ley.

Ver que el PP, que solicitó la eliminación del canon en el Senado, ha votado ahora a favor de ampliarlo a todo lo digital (sí­, señora, por comprar un móvil ha de pagar usted, y ese dinero irá a llenar de gasolina el Jaguar de Teddy), es una afrenta a la lógica.

Escuchar a Antonio Louro, PSOE, felicitarse por el resultado, que reconoce atiende a “las demandas urgentes de las entidades culturales” es una clara demostración de que nos toman el pelo. Legalizan el robo, la estafa, y el monopolio para darselo a sus amigos (o peor, a los extorsionadores que les amenazan con hacer que los “famosos artistas” salgan en la tele diciendo que el gobierno es malo).

-¿Y todo para qué?

Para que las Suciedades de Gestión, que basan sus argumentos en mentiras y falsedades compradas a golpe de billete, digan que los previsibles cientos de millones de euros que van a ingresar por canon (dinero que no han ganado trabajando en la vida) son insuficientes. Para que además digan que el hecho de que el canon haya pasado a ser “proporcional” por definición es injusto. Hay que joderse. -¿Qué sabrán ellos de injusticia?

Y -¿cómo?

Pues para empezar, la nueva ley deja el concepto de copia privada al ámbito privado (este es un punto sumamente importante que habrá que analizar con lupa) y regula la instalación de medidas tecnológicas anticopia en los soportes (prohí­be expresamente su elusión), lo que puede impedir realizar la propia copia privada.

O sea, que nos cobran el canon (aunque el uso del soporte no sea la copia privada), y luego la ley permite el uso de medidas tecnológicas que impiden la copia privada, y amenazan con cárcel para el que intente ejercer su derecho.

Se han lucido, señorí­as. Ya dije que eran ustedes marionetas. Ahora añado: y ciegos a la realidad, y sordos a la voluntad popular.

Y mientras el Comisario, en Europa, prepara nueva recomendación, que será nueva directiva, y terminará siendo nueva ley: más años de restricción y monopolio sobre la obra (como si más de 75 + la vida del autor no fuesen suficientes en un “mercado” donde ni los mayores éxitos duran 3 semanas en la estanterí­as), y nuevas restricciones al uso de la red.

Bienvenidos a la República Bananera de Dinolandia, donde el caduco especimen a punto de exinguirse obliga por ley al resto de miembros a extinguirse con él.

La CULTURA (y con ella los intereses económicos, ya que es lo único que les interesa), se defiende compartiéndola. No lo olviden cuando nos lo porhí­ban (y no se sorprendan cuando nos rebelemos).

-¿Quién pierde con esta ley? TODOS menos los intermediarios parasitarios.

El público consumidor ve restringidos todaví­a más sus derechos, y es obligado a pagar más dinero por más cosas.

El “mercado”: cuando el público consumidor es abusado, el mercado se resiente, pero siempre encuentra la forma de contrarestar las presiones.

El autor (como si no lo fuésemos todos, ejemplo: el Consejo General de la Abogacia Española, en su web tienen licencia Copyleft -¿o acaso lo que debaten no es creación? -¿acaso no entienden de “propiedad”? Lo que ocurre es que son más listos que las Suciedades de Gestión y los Polí­ticos) ve cómo los intermediarios ganan poder, haciendo todaví­a más difí­cil su emancipación y liberación. Además ve cómo la ley perpetúa al autor como un miembro incapaz de ejercer sus derechos, por lo que le otorga unos derechos “irrenunciables”. Le consideran incapaz de tomar decisiones. Necesitado de tutela. Además se incentiva todaví­a más la pertenencia a esos monopolí­sticos y restrictivos clubes que son las Suciedades de Gestión, sin permitir alternativa alguna, con lo que se sigue atentando contra la libertad de asociación.

La cultura: cuando sale perjudicado el autor y el público, la cultura sufre.

El estado: -¿alguien ha calculado el efecto sobre la inflación? Además, cuanto más poder rinde el estado a manos de entidades externas, más debil es. Y la factura cada vez mayor. Y una cosa más: seguimos sin una ley que obligue a las Suciedades de Gestión a hacer públicas sus cuentas.