Via Wendy Seltzer

Si el otro dí­a hablábamos de lo fácil que resulta que los “poderosos” (lo pongo entre comillas porque el término parece implicar que los demás, el ciudadano de a pie, no es poderoso, cuando en teorí­a lo es, y en la práctica lo puede ser y mucho) te quiten el nombre en Internet, hoy tenemos datos y cifras de la propia OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) que se jacta de eso mismo.

Según la propia OMPI,

_The World Intellectual Property Organization (WIPO) saw a 20% increase in the number of cybersquatting (abusive registration of trademarks as domain names) cases filed in 2005 as compared to 2004. In 2005, a total of 1,456 cybersquatting cases were filed with WIPO‘s Arbitration and Mediation Center. This increase represents the highest number of cybersquatting cases handled by the WIPO Center since 2001….

In the 6,349 decisions they have rendered, WIPO panels have found for the complainant in 5,327 (83.9%) cases._

Recordemos que la OMPI está acreditada por la ICANN como parte mediadora en disputas sobre dominios.

-¿Cómo se puede ser juez y parte? -¿Cómo se puede ser tan descaradamente partidista e imparcial en una función mediadora cuando se supone que han de ser “imparciales e independientes”?

Como ejemplos de parcialidad y posiblemente prevaricación tenemos el caso de bodacious-tatas.com (traducción libre de jerga: buenas-tetas.com) donde los miembros del jurado designados por la OMPI dijeron que “obviamente estaba dirigido a que el usuario de Internet se conectase a ese sitio en la errónea creencia de que el sitio es propiedad de la parte acusadora [Tata Sons Limited] (una empresa de automóviles)” o el caso vivendiuniversalsucks.com (traducción: vivendiuniversalesunamierda.com) donde dijeron “se refiere a bienes y servicios proveí­dos por la parte acusadora [Vivendi Universal]”.

En ambos casos el objetivo era claramente censurar (en uno para evitar que el nombre se asocie con lo que supongo que la empresa acusadora entenderá como “obsceno”, y en el otro para evitar que se critique a la empresa acusadora). Y en ambos casos, la OMPI, haciendo caso omiso a sus normativas y a la justicia, dio la razón a las multinacionales. Son sólo dos ejemplos de los más de 5000 que mencionan.

Y el hecho de que cobren entre $500-1,250 por caso (más “gastos personales de los miembros”, panelistas que la OMPI nombra https://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm#6) supongo que no tiene nada que ver con el hecho de que se decanten tan descaradamente del lado de las empresas y multinacionales.